El Gobierno de México, bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha oficializado el decreto mediante el cual se incorpora al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las personas mexicanas repatriadas desde los Estados Unidos de América durante el ejercicio 2026. Esta medida técnica y humanitaria se fundamenta en los mandatos constitucionales de universalidad y progresividad de los derechos humanos, enfocándose específicamente en las prestaciones en especie de los seguros de enfermedades y maternidad.
La disposición técnica establece que los beneficiarios, incluyendo a sus dependientes legales, tendrán acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y obstétricos por un periodo máximo de tres meses. El razonamiento jurídico y administrativo detrás de esta temporalidad busca proveer una red de protección inmediata que facilite la reinserción social y económica del individuo, cesando dicha cobertura si el beneficiario se incorpora a un empleo formal antes del plazo estipulado. La operatividad del decreto demanda una coordinación interinstitucional entre el IMSS y el Instituto Nacional de Migración (INM) para la identificación de la población objetivo y la gestión de los costos asociados. Con esta acción, el Estado mexicano reafirma su compromiso con la seguridad social como un pilar del bienestar individual y colectivo frente al fenómeno migratorio.
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